sábado, 5 de junio de 2010

Medidas contra la deforestación- el enfoque REDD

El reconocimiento de que el proceso de calentamiento global puede causar muy serios daños a los sistemas productivos, a la infraestructura y a la forma de vida de la gente y de los países, ha llamado la atención de los políticos hacia las medidas que se pueden tomar para detener dicho proceso o al menos mitigarlo.

Esto ha sido especialmente claro a partir del 30 de octubre del 2006, que se dió a conocer un estudio hecho por encargo del gobierno del Reino Unido a un equipo coordinado por Nicholas Stern. El llamado Informe Stern sobre la economía del cambio climático (Stern Review on the Economics of Climate Change), estima que para detener el proceso de calentamiento global, se necesitaría invertir el equivalente al 1% del PIB mundial, lo cual parece ser una cantidad muy grande. De no hacerse esa inversión, el riesgo es que los efectos del cambio climático sobre la agricultura, el aumento en los daños por huracanes y otros meteoros, las inundaciones y deslizamientos de tierras, provoquen una enorme recesión mundial en la que podría retrocederse hasta en un 20% en el valor de la producción.

En 2008, la Facultad de Economía de la UNAM, hizo un ejercicio semejante, coordinado por Luis Miguel Galindo, el llamado Informe Galindo "La Economía del Cambio Climático en México", que observa que los costos económicos de los impactos climáticos al 2100 son al menos tres veces superiores que los costos de mitigación de 50% de nuestras emisiones. Dichos costos pueden alcanzar el 6.22% del PIB actual, mientras que mitgar las emisiones costaría entre 0.70% y 2.21% del PIB. Esta cifra concuerda con la estimación del informe Stern, de que se debe invertir cerca del 1% del PIB a detener el calentamiento global. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB de México es de cerca de 1.5 millón de millones de dólares anuales. México debería invertir entonces 15mil millones de dólares anuales; es decir, cerca de 195,000 millones de pesos anuales en evitar el calentamiento global, de los cuales cerca de 19,000 millones anuales deberían ir a acciones para evitar la deforestación y la degradación de bosques y selvas.

Aunque parecen cantidades grandes de dinero, el informe Stern y el informe Galindo, coinciden en que es barato, pues el proceso de cambio climático puede tener consecuencias económicas y sobre el bienestar humano serias, y es mucho menos caro invertir lo que sea necesario para detener dicho proceso que cargar con las consecuencias de dejarlo correr.

Para los que dudaban de si realmente alguien va a venir a cobrar la factura de dejar correr debocadamente el proceso de calentamiento global, las inundaciones por el desbordamiento del Rio Missouri en Junio de 2008, depejaron dichas dudas. Las deudas ambientales se pagan y se pagan de manera brutal.

Es innegable que hay que reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) a la atmósfera. Pero esto significa que hay que mover las fábricas y los medios de transporte con menos consumo de petróleo. Quizás también signifique que hay que reducir el volumen físico de la producción, reduciendo los desprdicios y los residuos y reducir las distancias de transporte de personas, alimentos y materias primas, produciendo más a nivel local. Lograr esto, significa cambiar muchos procesos productivos, cerrar fábricas grandes y abrir fábricas chicas. Habría que reducir la producción en los grandes centros agrícolas mundiales y promover que las áreas agrícolas cercanas a las ciudades se vuelvan más productivas, para abastecer a la población local. Habría también que ubicar a la población evitando las grandes concentraciones, como la de la Ciudad de México, para evitar las des-economías que implica dicha concentración. En pocas palabras, se plantea la necesidad de cambiar sustancialmente la forma en que vivimos, producimos y generamos residuos.

La Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ha venido abordando desde 1992 este problema, para lo cual se han realizado ya 15 Asambleas de los países firmantes (las llamadas convenciones de las partes o COPs). En todas estas reuniones no se ha llegado a decisiones concluyentes ni obligatorias para los países y mientras, el proceso de calentamiento global sigue avanzando. Mucha de la dificultad por lograr acuerdos obligatorios para todos, es la renuencia a cambiar la forma de vivir y de hacer negocios, que muchos encuentran conveniente y cómoda, aunque ponga en riesgo la viabilidad a futuro de los sistemas productivos y de generación de bienestar humano.

En 2005, dentro de la 11a Asamblea o COP en Montreal, se tocó el tema de que -además de transformar los sistemas productivos y de generación de bienestar- se podrían reducir las emisiones de GEI si se detuviera la deforestación en los países tropicales. Se estima que a nivel mundial entre el 12 y el 17% de las emisiones de GEI, provienen de la destrucción y descreme de los bosques y selvas tropicales, así que si esos fenómenos se eliminaran, se reduciría el problema del cambio climático y se ganaría tiempo para llevar a cabo la reconversión de los sistemas productivos y de bienestar.

Esta idea fue bienvenida por muchos, pues representa la posibilidad de canalizar recursos y acciones a detener la deforestación en los trópicos y bajar una parte importante de las emisiones. Si -de acuerdo con el informe Stern- se considera necesario canalizar el 1% del PIB mundial para combatir el cambio climático, y tomamos en cuenta que el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB mundial es de 69.9 millones de millones de dólares internacionales, estaríamos hablando de que es necesario invertir 690mil millones de dólares anuales en el combate al cambio climático y si la destrucción y descreme de los bosques y selvas tropicales significa entre 1/10 y 1/8 de las emisiones mundiales de GEI, sería lógico considerar que se deben invertir entre 69mil y 86mil millones de dólares anuales en evitar la eliminación o descreme de bosques y selvas tropicales.

La propuesta es atractiva, así que en 2007, durante la 13a Asamblea o COP en Bali, se adoptó el concepto de "Reducción de las Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante Reducción de la Deforestación y la Degradación forestal" o REDD, como una medida prometedora para enfrentar el proceso de calentamiento global. No se tomó ningún acuerdo obligatorio de acciones en este tema, pero se invitó a los países a fortalecer y apoyar más los esfuerzos actuales para reducir las emisiones por la deforestación y la degradación forestal de manera voluntaria, y aprender cómo abordar este tema. Se incorporaron los enfoques de políticas e incentivos positivos para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo dentro del proceso del Plan de Acción que resultó de la Asamblea de Bali.

Sin embargo, algunos grupos ambientalistas, como Greenpeace y otros, señalan que se está queriendo abusar el concepto de REDD y hay quienes pretenden que las acciones por reducir la deforestación o la degradación forestal, pueden hacerse "en vez de" y no "además de" las acciones que urgen de reconversión industrial y urbana. Esto significaría distraer a la opinión pública y a los políticos del tema de fondo, que es la reconversión industrial y urbana, implantando programas de REDD en países pobres. Si esto sucediera, se dejarían de canalizar los recursos que se necesitan para realmente reducir el efecto invernadero y el calentamiento global (69mil millones de dólares anuales, según el reporte Stern) y se perdería un tiempo precioso, entreteniendo al público con acciones en la Amazonía, África y el Sudeste asiático, que tendrían un efecto más publicitario que real, si no fueran acompañadas de cambios sustanciales en las estructuras productivas y de asentamientos humanos a nivel mundial.

Por otra parte, la "Asamblea de Jefes para los bosques y el cambio climático" de Accra (Accra Caucus on Forests and Climate Change), una coalición de unas 100 organizaciones de 38 países, dio a conocer un estudio que subraya que los programas REDD podrían poner en riesgo los derechos de las comunidades y pueblos indígenas en el afán de proteger los bosques, que puede provenir más de intereses de la industria contaminante, para evitar hacer los cambios tecnológicos que urgen y menos de las propias comunidades y pueblos indígenas.

El reporte señala que para evitar que los programas REDD les impongan a las comunidades condiciones negativas, deben cumplirse al menos tres condiciones, que son reconocidas a nivel internacional:
  1. Que haya una participación amplia y efectiva de la gente local;
  2. Que se reconozcan los derechos territoriales de los indígenas y se usen sistemas de manejo forestal basados en las comunidades que permitan el uso sostenible de los bosques por parte de las comunidades locales, y
  3. No se debe hacer ningún trato de REDD sin el consentimiento previo, libre e informado de los grupos indígenas, como lo han subrayado las Naciones Unidas.
Además, la Asamble de Jefes hizo ver que los programas REDD, no deberían funcionar simplemente en términos de cambiar el balance de carbono, pues de esa manera, podrían afectarse la diversidad biológica y los derechos de la gente local a usar de manera sostenible los bosques y selvas.

La Asamblea de Jefes concluyó señalando que los programas REDD son una 'espada de doble filo', que si se usa de manera equivocada podría "tener consecuencias ambientales y sociales negativas serias y no servirían de gran cosa en términos de reducir las emisiones de carbono".

Referencias:




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