jueves, 1 de agosto de 2013

Indonesia Burning

También en Indonesia los "beneficios ambientales" de las plantaciones, están poco claros:

New analysis: Sizable area of industrial plantations burned
Fires burning since June in Sumatra have caused air-quality problems in neighboring Singapore and Malaysia. In a new analysis, CIFOR scientists studied high-resolution satellite imagery and discovered that in the worst-hit area, 21% of the land surveyed was part of an industrial palm-oil or pulp plantation.

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miércoles, 24 de julio de 2013

Chile: Poderosos y sus políticos ofrecen más incentivos para la destructiva industria forestal


No es noticia que nuestro país esté condenado por los amos del mundo a ser un exportador de materias primas, pero sí lo es cuando la clase política a su servicio cabildea para sofisticar los instrumentos que lo fomentan.
Este es el caso del proyecto de ley que modifica y extiende el Decreto 701, que desde 1974 viene subvencionando, con recursos fiscales, el negocio de las plantaciones y la industria forestal.

El 701
En octubre de 1974 se aprobó el Decreto de Ley 701, firmado por la Junta Militar y los civiles que daban el “respaldo técnico”. Éste establecía cómo podía clasificarse un terreno forestal o de aptitud preferentemente forestal, para ello consideraba como aptos para la forestación “todos aquellos terrenos que técnicamente no sean arables, estén cubiertos o no de vegetación, excluyéndose los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”.
Como se puede apreciar, la distinción fue bastante permisiva para la forestación. Plantear que se excluirán los terrenos que no sufrirán degradación usándolos intensivamente, es no excluir ninguno.
Este Decreto estableció una bonificación del 75% de los gastos que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles. El apoyo a quienes invirtieran en la plantación de árboles tenía el propósito de impulsar un negocio que, aunque se venía masificando desde hace algunas décadas, no lo había hecho con la intensidad que deseaba el empresariado forestal.
Según constata el propio Estado, entre 1974 y 1994, se plantaron 1.700.000 hectáreas, (en su mayoría) con pinos radiata y eucaliptos, de las cuales 807.203 fueron bonificadas.
En 1998, el Decreto 701 es modificado con el propósito de que los pequeños propietarios también recibieran, con mayores facilidades, bonificaciones para forestar. La forma de hacerlo fue beneficiar éstos con un 90% de las primeras 15 hectáreas forestadas y un 75% a las restantes. Esto por 15 años, contándose desde 1996.
Las razones de esta iniciativa estuvieron en el intento constante de las empresas de disminuir los costos de producción. Para el empresariado forestal, la propiedad de los terrenos implicaba (e implica) una serie de riesgos, como incendios y plagas. Por eso es que, sin buscar que los pequeños propietarios le vendan sus terrenos, se propicia que los foresten con pinos y eucaliptos, pues al controlar toda la cadena productiva, deberán venderle la madera al precio que impongan. También se consigna un mecanismo para clasificar a comunidades indígenas en el rango de pequeño propietario.
Esta modificación rindió sus resultados. El porcentaje de hectáreas bonificadas a pequeños propietarios pasó del 5% entre 1974 y 1997 al 39% entre 1998 y 2010.
En 2011, esta tendencia se profundiza, mediante una nueva modificación del Decreto, creándose la figura del “mediano propietario” y tipos de bonificación para cada propietario. Para los pequeños, se asigna un 90%; para los medianos, un 75%; para los grandes, un 50%. Junto con esto, se prorroga por dos años más lo estipulado en 1998 y este 2012 se cumplió el plazo, y es en este contexto en que Piñera, en octubre pasado envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que “modifica y extiende” el Decreto 701.

Balance
El proyecto que hoy se tramita en la Cámara de Diputados, parte publicitando el éxito del Decreto 701. Lo discutible es quienes han sido los destinatarios de éste.
A través de las condiciones laborales podemos comenzar a evaluar la incidencia de esta norma. En este sentido, según testimonios de diferentes dirigentes sindicales y trabajadores en diversas zonas, la mayoría de ellos proviene de una tradición campesina o minera, en el caso de los que viven en la provincia de Arauco.
Cuentan que, ellos o sus padres, comenzaron a emigrar de sus campos, vendiéndolos o forestándolos con pino o eucaliptos, luego que el trabajo agrícola se volviera cada vez más costoso. El aumento de los costos estuvo (y está) relacionado con la erosión de los suelos, la sequía de las napas subterráneas y la de los cursos de agua, además de su contaminación. Si bien hay zonas que han estado sometidas al uso intensivo agrícola desde hace más de cien años, como es el caso de Trehuaco, Coelemu, Florida o Santa Juana,actualmente los monocultivos que soportan, ya no son de trigo, sino que forestales.
Buena parte de la ascendencia de los actuales obreros forestales, es de pequeños propietarios o, a veces, medieros que nunca tuvieron propiedad de la tierra. Por ello, cuando los terratenientes optaron por comenzar a forestar o vender sus terrenos a las empresas forestales, los pequeños propietarios se vieron rodeados de pinos o eucaliptos, generando el aumento de los costos que denuncian. Y en el caso de los medieros, tuvieron que salir, pues su estancia ahí ya no tenía sentido económico.
Otro masivo ingreso a las faenas forestales ocurrió luego del cierre de las minas en 1997, cuando en la provincia de Arauco miles de obreros quedaron cesantes y sometidos a planes de reconversión laboral que no reportaron mejoras en su situación.
Hoy, el trabajo forestal, a pesar de las millonarias utilidades que genera, es un escenario de sueldos y condiciones de precariedad laboral, un reproductor de pobreza, una pobreza dura, escondida en los pueblos que ocasionalmente son mencionados en la prensa con motivos dramáticos.
Luego de que en mayo de 2007, Carabineros asesinara en Curanilahue al obrero forestal Rodrigo Cisternas, en medio de la mayor movilización sindical del rubro, la clase política tuvo que referirse a la situación laboral de estos trabajadores. En un informe relatado por Osvaldo Andrade en julio de 2007, en ese entonces Ministro del Trabajo del gobierno de Bachelet, planteaba que la industria forestal “aporta más del 20% del empleo regional dependiente”. No obstante, este porcentaje podría aumentar si se considera que en el mismo informe se reconoce que la subcontratación “es una práctica habitual” y que “no se ha cuantificado hasta ahora el número de empresas contratistas ni el número de trabajadores subcontratados, ya que no existe la obligación legal de registrarse para operar”.
Sumado a esto, el informe también afirma que “en once grandes plantas forestales de la región (Bío Bío), el número de trabajadores subcontratados era superior al de los trabajadores directos”.
La subcontratación obstaculiza la posibilidad de organización sindical. Los contratistas, en muchas ocasiones, no son agentes con mucho más poder de negociación que los trabajadores, deben competir, incluso contra “contratistas palos blancos” de las propias forestales y que fijan los precios. Finalmente, los costos por faenas se reducen al mínimo, repercutiendo en el salario del obrero.
Los contratos temporales; los salarios que, mediante bonos de producción, permiten a los trabajadores alcanzar sueldos levemente superiores al salario mínimo, generando riesgos y deterioro en su integridad física; una tasa de siniestralidad y accidentabilidad de las más altas del país; el incumplimiento de normas básicas de seguridad y las “listas negras” con los nombres de quienes han impulsado la conquista de mejoras, son las condiciones en que las empresas forestales reproducen su capital, incluyendo lo que reciben directa o indirectamente por el Decreto 701.
Por su puesto, Andrade no cuestionó la entrega de dinero a este empresariado y su diagnóstico quedó sólo en eso.
El medioambiente y la salud de las comunidades que habitan cerca de las plantaciones forestales también manifiestan un deterioro. La razón es que al contrario de lo que intenta hacer creer el proyecto de ley en tramitación, las plantaciones forestales no son bosques. El uruguayo Ricardo Carrere planteó a la revista El Martillo esta diferencia:
“Cuando se habla de un bosque, en el imaginario popular al menos hay algo de positivo, uno se imagina diversidad, aves, mamíferos, todo un ecosistema complejo que corre peligro a nivel mundial y que hay que proteger. Pero cuando uno mira una plantación de pino o una plantación de eucalipto tal como hay en Argentina, Uruguay, Chile o Brasil, está el eucalipto o el pino y abajo rara vez hay algo de vida, lo que hay es pinocha muerta debajo del pino u hojarasca y ramas no descompuestas en el caso del eucalipto.
Entonces, ¿qué tienen en común con un bosque? Nada. Primero no es una especie nativa de árbol,es una especie exótica ya sea de Estados Unidos (pino) o de Australia (eucalipto) que no permite que se desarrolle prácticamente nada abajo, ni epífitas, ni parásitas, ni gramíneas, ni arbustos, nada, y que no alimentan la fauna local, para la fauna local es un gran desierto alimenticio. Y las pocas veces que la fauna local encuentra que eso puede ser alimento, como en el caso de la hormiga cortadora a la cual le encantan los pinos o eucaliptos para alimentar sus colonias, es exterminada con agrotóxicos.
O sea, son básicamente un gran monocultivo… Crecen a costa del agua y a costa del suelo, el agua resulta contaminada o agotada según los casos y los suelos terminan agotados y a largo plazo en desiertos. O sea, no son bosques… Un bosque es un ecosistema donde vive gente, que da vida a gente, que da elementos a la gente para que construya su casa, para que se alimente, para que se cure con plantas medicinales, y esto no da absolutamente nada de todo eso. Es un monocultivo que no está hecho ni siquiera para que la gente local pueda hacerse casas sino para ser cortado y convertido en celulosa para exportar. Es un gran monocultivo que tiene los impactos de cualquier monocultivo y, además, tiene impactos específicos por el tipo de planta de que se trata”.
La definición de Ricardo Carrere es contundente y es fundamental para entender las circunstancias que hoy viven las comunidades aledañas a las plantaciones forestales. Comunas como Ránquil, las zonas rurales de Tomé, Florida, Santa Juana o Hualqui se han visto dependientes de camiones aljibe para abastecer con agua a sus comunidades. Con ello se abre un nuevo flanco de gasto público y de pauperización vital, pues los camiones aljibe no los financian las forestales y nadie evitará las enfermedades que el consumo de agua excesivamente clorada puede provocar en la población.
La agricultura campesina ha decaído, producto de que las especies plantadas son de rápido crecimiento, poniendo en exigencia a los suelos y degradándolos. Con esto, no sólo termina una fuente de subsistencia para las comunidades productoras, sino que restringe la alimentación a todos los que antes consumieron lo que venía del pueblo o de la chacra cercana. La población se pone a disposición de la gran industria agroalimentaria que hace crecer sus productos a través de la aplicación de agrotóxicos y la modificación genética.
El Decreto 701 ha redefinido nuestros hábitos y nuestro paisaje. Quienes viven en la Región viajan grandes distancias para poder conocer o reconocer vegetación nativa. En los casi 40 años de vigencia del Decreto 701, se han plantado en Chile 2.6 millones de hectáreas. Esto equivale al 3.44% del territorio nacional continental y al 70,1% de la actual región del Bío Bío. Las plantaciones forestales, precisamente han estado concentradas en esta región junto a la de la Araucanía, lo que explica la fuerte transformación que ha sufrido nuestro paisaje.

Modifica y Extiende
El proyecto de Ley que modifica y extiende el Decreto 701 plantea que además de las millones de hectáreas que ya han sido plantadas, quedan aún por plantar 2.3 millones de hectáreas más: 1.5 millones con fines madereros y 800 mil con fines ambientales. No se especifica a qué se refiere con “fines ambientales”, por lo que merece una justificada sospecha, más aun cuando el proyecto afirma que las plantaciones forestales han sido un beneficio para los ambientes que las han recibido.
En seguida apuntaremos algunos de las extensiones y modificaciones que el proyecto de ley hace del Decreto 701:
-Extiende por 20 la bonificación por plantaciones forestales.
-Se crea una “bonificación para proveer una cubierta vegetal permanente”, sin especificar en qué consistirá ni cuánto del total del presupuesto para bonificación forestal estará destinado a ella.
-En el caso de los propietarios que planten con “fines productivos”, es decir, con el propósito de producir madera, pulpa (para fabricar celulosa) o energía, se establecen las siguientes bonificaciones:
a.-para los pequeños, un 90% de bonificación al costo de la forestación, además del financiamiento de “las actividades de manejo silvícola orientadas a mejorar la calidad de la masa forestal”.
b.-para los medianos, un 75% de bonificación al costo de la forestación.
c.-para los “otros propietarios”, un 50% de bonificación al costo de la forestación. (esta clasificación corresponde a un propietario intermedio entre el mediano y el grande)
-También se promueve la forestación por parte de comunidades indígenas, en la práctica para mapuches que viven dentro de los límites de la IX región. Para ello establece una consideración especial: la clasificación de pequeño propietario para quienes tengan menos de 800 hectáreas y vivan dentro de la IX región. Esta clasificación exclusiva resalta, cuando observamos que en la modificación que el Decreto 701 había recibido en 1998, sólo la comuna Lonquimay de la IX región reservaba la posibilidad de que se consideraran pequeños propietarios a quienes teniendo más de 20 hectáreas no superaban las 500.
Este punto demuestra que el Decreto 701 se actualiza. Quienes lo planificaron conocen de las conquistas que han tenido comunidades mapuches en la recuperación territorial y planean, bajo el discurso del progreso económico, que vuelvan a hacer lo mismo que los anteriores usufructuadores del territorio.
-La producción energética y el mercado de los bonos de carbono son otras líneas hacia las que se expande el negocio forestal. La disponibilidad de los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, están en una cuenta regresiva y el gran empresariado no tiene ánimos de revisar sus métodos y objetivos productivos, por lo que debe generar fuentes energéticas nuevas y se planea hacerlo a partir de los árboles que bonificarán. En el caso de los bonos de carbono, constituye un negocio que al acreditar una supuesta absorción de dióxido de carbono del ambiente, tendrán la facultad de vender esta absorción hecha por pinos y eucaliptos que por su rápido crecimiento, son muy buenos para ello, según afirman los interesados.
Al parecer, las normas que que se intentan imponer son parte de un conjunto “paquetes” que el Gobierno quiere dejar aprobados. En temas como la pesca, la represión a la protesta, educación y salud, también ha buscado lo mismo, al tiempo que la Concertación (ahora Nueva Mayoría) reserva las discusiones para el espectáculo televisivo y así justificar su fachada opositora.
por Patricio Villa

domingo, 8 de agosto de 2010

Las tragedias de Uxpanapa

Milenio.com, Dom, 08/08/2010 - 06:15
Agustín del Castillo, enviado

La región, que prolonga hacia el norte del istmo la gran selva de los zoques, fue escenario del fracaso de un experimento colectivista sustentado en la destrucción de vastos bosques tropicales húmedos.


Uxpanapa, Veracruz.- Seamos realistas, hagamos lo imposible”, dice todavía hoy, en lenguaje revolucionario, altivo y mesiánico, el corroído letrero enclavado sobre la carretera que lleva de La Esmeralda a los poblados numerados —del uno al quince, con racionalidad casi soviética—, evidencia del prematuramente avejentado experimento colectivista de Uxpanapa.

La región es una antigua selva húmeda transformada en páramo en menos de un lustro por los visionarios planificadores del gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), que soñaban con establecer un Jauja que le daría soberanía alimentaria al país y, de paso, demostraría que los indígenas podían ser el “hombre nuevo” indispensable para una economía planificada, centralizada, sin visos de individualismo y controlada desde las burocracias gubernamentales.

Pero estos ecosistemas tropicales tienen suelos delgados, precarios, aunque aparenten otra cosa con la enorme y lujuriante masa forestal que sustentan: no son los más aptos para la producción agropecuaria. El otro pero es que los indígenas tienen cultura propia y una milenaria visión de mundo, y no iban a ser vacíos, pasivos y obedientes receptores de las doctrinas del progreso, de las cuales siempre han desconfiado.

No considerar estos dos elementos explica lo que pasó a partir de 1974 en la parte norte de las grandes selvas del istmo de Tehuantepec.

“El extraordinario desarrollo de la vegetación ha señalado al trópico como poseedor de una gran fertilidad en sus suelos. Sin embargo, son más pobres y frágiles que los de las regiones templadas. Esto se debe principalmente a que las selvas o bosques en zonas cálido-húmedas no pueden aumentar por sí mismos la cantidad de humus en sus suelos. Existe ahí un equilibrio constante entre la producción de materia orgánica —la cual constituye el humus— y la asimilación de la misma. Si se altera el equilibrio ecológico, se degeneran la vegetación, los suelos y los ciclos del agua; el daño puede ser irreversible, y hay casos de zonas selváticas que llegan a transformarse en verdaderos desiertos…”, señalaban en 1988 Miguel Székely e Iván Restrepo (“Frontera agrícola y colonización”, Centro de Ecodesarrollo), a propósito del “milagro de Uxpanapa”.

No obstante, lo imposible se hizo. En un programa de reubicación de quince mil indígenas chinantecos que perdieron sus asentamientos por la edificación de la presa Cerro de Oro, Oaxaca, se estableció una nueva geografía regional: red de caminos, caseríos, tuberías, calles, drenajes, electricidad, escuelas y clínicas. Muchos de los colonos fueron transportados por aire a zonas secularmente inaccesibles. Y se comenzó el desmonte. Primero, con los instrumentos artesanales de los propios indígenas; después, con maquinaria pesada. “Ponían unas largas cadenas y las jalaban entre dos vehículos muy grandes, como orugas, y se llevaban palos de más de 30 metros”, explica don Luis Cayetano, un habitante de El Seis (La Laguna), mientras muestra al forastero la inmensa llanura con ganado, cultivos y casas que se abre frente a sus ojos, donde hace poco tiempo había una soledad de bosques y fieras.

Además de la migración planificada de chinantecos, se alojaron numerosos ejidos mestizos y de otras etnias, y todavía en los años ochenta se recibió una migración zoque de Chiapas, expulsada por la erupción del volcán Chichonal, que ocuparon los espacios más serranos y aislados.

La selva se redujo, y se vivieron los efectos que siempre encuentra la sabiduría campesina. “Nosotros vimos que al acabarse los árboles se fue acabando el agua y el clima se amoló. El gobierno nos mandó en los últimos tiempos plantas para reforestar, pero no pegan, porque están muy tiernas y, aunque les echan agua con abono, se acaban… nomás lo que nace solito sí crece”, advierte don Agustín Ángeles Fernández, morador del Poblado Dos.

A 40 años, diversos estudios hablan de la pérdida de 200 mil ha de las selvas más importantes del país, pero sobreviven alrededor de 60 mil ha, que mantienen vida silvestre y conectividad con el gran macizo de Los Chimalapas, en Oaxaca, y con la reserva de la biosfera de El Ocote, en Chiapas.

Esto es el “milagro de Uxpanapa”.

La tierra prometida

En 1971, el gobierno echeverrista integró la Comisión Intersecretarial de Nuevos Centros de Población Ejidal (Coince). “En los programas del Coince se tenía al sureste como posible granero de México”, pues se destacaba que tenía grandes extensiones de tierra inexplorada, fértil y con grandes potenciales, apuntan Restrepo y Székely. “Por la exuberancia de la vegetación tropical, esas tierras podían ser mecanizadas para expandir y diversificar la superficie agrícola nacional” y sacarla de su atraso, pobreza y aislamiento. También se reducirían el déficit de alimentos, el rezago agrario, la migración a las ciudades y el desempleo.

Así nacen, junto con Uxpanapa, otros proyectos como Los Naranjos (Veracruz) y Tenosique (Tabasco). Y, en ese mismo espíritu, en Jalisco se arrasaron 35 mil hectáreas de una selva mediana y baja para abrir la llanura costera de Tomatlán a la producción, irrigada por la presa Cajón de Peña (inaugurada en 1975), que sigue subutilizada.

Uxpanapa era la joya de la corona. Un testigo del proyecto en sus tiempos de ejecución describe: “La madera utilizable era cortada y sacada en camiones. Los árboles restantes, muchos de los cuales medían 30 metros de altura, fueron arrancados con cadenas y arrastrados por tractores, arrojados a la yerba seca y quemados. La tierra se limpió hasta quedar como una cuadrícula de campos de 20 hectáreas cada uno, rodeado con un rompevientos. La basura fue enterrada con pesados arados de disco y la tierra fue sembrada de arroz y maíz. En 1976 fue el primer año que se intentó producir en esa área y más de nueve mil ha fueron sembradas […] las primeras fases del ciclo habían progresado con una facilidad impresionante. Las semillas habían sido sembradas con tractores y desde aeroplanos. A intervalos regulares se habían aplicado fertilizantes, así como insecticidas y fungicidas para controlar plagas y enfermedades”, dice Peter T. Ewell, del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (Inireb), en un artículo denominado “Agricultura moderna en la selva tropical”.

No obstante, agrega, se acumuló poco a poco frustración tras frustración: una plaga de hongos, la piricularia del arroz, había dañado una parte importante de la cosecha. Las lluvias no habían cesado, y las trilladoras, “diseñadas en Estados Unidos para condiciones bastante diferentes, no trabajaban bien”. La abundancia de nitrógeno aplicado y el que quedaba del desmonte hacían crecer las plantas de arroz más de lo común. Las máquinas cosechadoras requerían espacios drenados y libres de agua y malezas. Una vara que sobrara del último desmonte podía inutilizarlas por más de medio día.

Su visita es en 1977. “En Oaxaca todos [los campesinos] habían trabajado siempre a mano en un máximo de tres ha; aquí cada familia tenía 20 ha. Tenían la oportunidad de ganar más dinero que nunca y la responsabilidad de proporcionar alimento de grano básico para México”, les decían los burócratas a los chinantecos. Éstos protestaban por la lejanía de sus casas, lo largo de los traslados, el bajo pago por kilo cosechado, el alto costo de la comida.

Los funcionarios con que viajaba Peter estaban frustrados: “No podían entender por qué los indios no se hacían responsables, por qué todo se les tenía que hacer. Se les había tratado con todas las consideraciones desde que habían sido traídos al Uxpanapa por barco y por helicópteros hacía tres años. El gobierno había invertido millones de pesos en caminos, infraestructura, desmonte y crédito, para que un grupo que había vivido en la pobreza pudiera convertirse en miembros [sic] de una comunidad próspera”.

El observador describe la transformación del paisaje: “La primera impresión era sorprendente: el orden imponiéndose sobre la naturaleza. La selva había sido empujada hacia atrás en una línea dispareja, mostrando la tierra roja y piedra caliza blanca…”.

Después asiste a una reunión entre agentes del gobierno y ejidatarios: “El maíz estaba desarrollándose de manera pobre y dispareja; esto, dijo el agrónomo, era realmente culpa de ellos [los campesinos] por no haber seguido las instrucciones sobre fertilización. Es un error común de los campesinos esperar a que las plantas midan 20 centímetros antes de aplicar el nitrógeno; en este clima es importante hacerlo antes para que las plantas se desarrollen con fuerza…”.

Se estaba gestando una Unión de Ejidos, que, según los agentes del gobierno, debía ser pronto una potencia económica nacional, con un sistema colectivo, grandes créditos y alta capacidad de venta, le dijeron a los ejidatarios reunidos. “…los ejidatarios permanecieron callados un momento. Luego, un hombre de unos 40 años se puso de pie […] dijo que a muchas de las personas no les gustaba el sistema colectivo […] algunas personas eran flojas y se aprovechaban de los que trabajaban”.

El agrónomo de la Comisión del Papaloapan le respondió que estaban mal acostumbrados, que los campesinos siempre se toman las cosas con calma. “México nunca progresaría así. Deben asumir la disciplina de la responsabilidad…”.

El observador del Inireb termina su descripción con una visita a un ejido integrado por totonacas que se sumaron a la ola colonizadora. “Los primeros años fueron muy duros: no había escuelas ni doctores, y el río era intransitable dos o tres meses”. Ahora se les pedía integrarse a un poblado chinanteco, pero “habían invertido tremendas cantidades de tiempo y energía en desmontar la tierra y plantar sus huertos, y no querían vivir entre extraños con un idioma y costumbres diferentes”.

El visitante también descubre que las variedades de maíz que sembraban los indígenas eran más resistentes que las híbridas que imponía el gobierno: “Eran mucho más resistentes a diversos problemas: se daban mejor en tierras que habían sido desmontadas a mano en lugar de con máquina, y rendían más que los híbridos”, le informaron.

La Comisión del Papaloapan, entidad gubernamental responsable, fue acusada en los años 80 de ecocidio, de favorecer contratistas de forma irregular con mares de presupuesto público y de la “destrucción sistemática de una cultura india”. Así se realizó la hazaña de lo imposible.

La vida que no renuncia

Don Agustín refiere que cuando él llegó a radicar, en 1975, al Poblado Dos, fue famosa la historia de una campesina que murió atacada por un “tigre” (jaguar). “Dijeron que en un poblado que se llamaba 24 de Febrero mató a una señora, pero fue hace mucho; desde entonces, lo que atacan son a los animales [el ganado]”.

Porque estas tierras, tras el colapso colectivista, se han vuelto ganaderas. Y de forma agresiva se mantienen abiertos los potreros, se talan y queman árboles, y se persigue a la fauna “dañera”.

En San Francisco de la Paz, al final del camino que comienza en La Esmeralda, y donde de Veracruz se vuelve a internar a Oaxaca, son actuales las tropelías del “tigre”.

“Hace como ocho o diez meses un tigre me mató un becerro como de 240 kilos; aún estaba mamando, se reconoce que la vaca peleó con el animal pero éste es muy ágil, y la tumbó a una barranca y la dejó hincada… yo mandé dos perros y se los fregó, aunque no los mató, pero, cuando ya pude ir, le había comido una buena parte a la vaca […] hace cuatro meses dicen que volvió a matar otra, es una hembra que anda parida y anda haciendo mucho daño”, explica José Montero García, comunero de la congregación.

Los investigadores de vida silvestre han detectado una adaptación casi milagrosa de los tapires, el mayor animal silvestre de tierra en México, para evitar a las panteras: se mezclan entre el ganado. Y, como están más habituados a enfrentar a la fiera, a los rancheros les gusta esa costumbre, que beneficia a sus hatos.

Quién pensaría que, a 40 años de depredación, algo quedaba en la región de Uxpanapa, al norte de la selva zoque. Pero la bióloga y genetista estadunidense Jennifer White, de la Universidad de Washington, ha estado cuatro meses el último año en la zona. “El principal problema es el cambio de uso de suelo, pero queda mucha vida: vi un mono araña, un tapir pequeño, mucha gente con pericos o monos como mascotas […] me sorprende que, aunque esté prohibido, para las personas sea algo común capturarlos y llevárselos de la selva”, explica.

La idea es rescatar lo que queda y, en un trabajo que encabeza la Universidad Veracruzana, proponer un área natural protegida.

Parece tarea de titanes. Pero el proyecto Uxpanapa nació entre aromas de utopía, como lo dice su eslogan revolucionario en una carretera vetusta, a la entrada de la selva extinta: “Seamos realistas, hagamos lo imposible”.

México: las selvas en retirada

La vegetación tropical es la más presionada y devastada de México en el último siglo. Ignorando que es el ecosistema que tiene los mayores reservorios de carbono del planeta, las políticas de colonización han sido agresivamente destructivas de selvas húmedas y subhúmedas en el golfo de México, así como de selvas bajas o secas en la vertiente del Pacífico, donde se incluye a Jalisco.

“La zona tropical húmeda es el ecosistema que presenta el índice de deforestación más alto del país, pues en la actualidad sólo se cuenta con 10 por ciento de la selva originaria de México”, apunta el investigador Gonzalo Flores Mondragón (“La biodiversidad terrestre de México y el istmo de Tehuantepec”). Se calcula que a comienzos del siglo XX había de 200 mil a 220 mil kilómetros cuadrados de estos ecosistemas, de los que ahora hay apenas alrededor de 20 mil km2 (la cuarta parte del territorio de Jalisco o cuatro tantos el de Colima, aproximadamente).
La destrucción se dio de forma sistemática, de norte a sur. Y además de las colonizaciones y, en especial, la ganaderización, están los hallazgos de yacimientos petroleros como detonadores de los cambios. La Huasteca, entre San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas, que fue la selva perennifolia más al norte del planeta, hoy apenas conserva reductos de sus viejos esplendores, pues se ha convertido en 90 por ciento a la actividad agropecuaria y el comercio. En esta zona nació la industria petrolera mexicana (Ébano, SLP). Luego la reducción drástica se vivió en Veracruz hasta llegar a las selvas de istmo y a la Lacandona, todas víctimas de grandes proyectos de infraestructura y de dotaciones agrarias desmedidas.

La devastación de las selvas bajas las ha reducido a 35 por ciento de su superficie original, y continúan siendo altamente perturbadas pese a ser los espacios silvestres más ricos en endemismos (especies exclusivas) que tiene el país.

El daño

La devastación de la selva zoque en Uxpanapa puede ser uno de los expedientes de destrucción ambiental más importantes en la historia moderna de México. Las fuentes más conservadoras calculan 80 mil hectáreas desmontadas, hasta autores que señalan que los desmontes del proyecto colonizador alcanzaron 200 mil ha.

El gobierno echeverrista, y posteriormente el de López Portillo, pretendieron que el desarrollo de las selvas fuera el arranque de un emporio agrícola de impacto nacional.

Hoy, restan apenas 60 mil ha de selva en Uxpanapa, en un municipio que está entre los 500 más marginados del país.

jueves, 8 de julio de 2010

Reduce gobierno deforestación... en el papel

Greenpeace

Reportaje - julio 6, 2010
A pesar de que en el papel, el gobierno federal asegura que la deforestación se está reduciendo y que anualmente se pierden 155 mil hectáreas de bosques y selvas; en los hechos y de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la pérdida de masa forestal en nuestro país es tres veces mayor por lo que se requiere de otros parámetros de análisis que tomen en cuenta todos los tipos de vegetación existentes en México, señaló Greenpeace.

Deforestación en MéxicoGreenpeace explicó que los criterios del gobierno mexicano para medir la deforestación corresponden al informe nacional que entregó la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para su Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010. En este informe se afirma que en el año 2007 se tenía una cobertura de 65 millones 267 mil hectáreas de bosques. Esto significa que entre 1990 y 2007 se perdieron 3 millones 749 mil hectáreas a un ritmo de 288 mil hectáreas anuales. Sin embargo, en el mismo reporte se estima que entre 2005 y 2010 únicamente se perdieron 155 mil hectáreas de bosques por año. Es decir, de acuerdo con el informe, se muestra una marcada tendencia a la baja en la pérdida de los bosques de nuestro país.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indican que cada año México pierde 290 mil 693 hectáreas de bosques de coníferas; 95 mil 096 hectáreas de bosques de encino, y 93 mil 133 hectáreas de selvas perennifolias. Es decir, cada año se deforestan 478 mil 922 hectáreas de bosques y selvas. Así mismo, estudios de la UNAM, publicados por la Conabio reportan que la tasa de deforestación en nuestro país es de alrededor de 484 mil hectáreas anuales. Ambas instituciones reportan una tasa de deforestación más de tres veces mayor que la que el gobierno mexicano reportó a la FAO. Cabe destacar que desde 2005, México se encuentra entre los cinco países que pierden más rápido sus bosques y selvas.

Con estos datos de una “supuesta” reducción de la deforestación en el país, el gobierno mexicano está promoviendo su imagen internacional como nación que combate la deforestación y al cambio climático, pero en la realidad no está explicando cuáles son los motivos de la pérdida de bosques en México. No se ofrecen detalles sobre los distintos tipos de ecosistemas existentes, cuál es el estado en el que se encuentran, ni cuáles son los lugares donde se está deforestando y cuáles son sus causas.

En los parámetros para llevar a cabo la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, la FAO define los bosques como: tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano.

Esta definición incluye únicamente zonas arboladas por lo que deja fuera a ecosistemas sumamente importantes de nuestro país como los matorrales que cubren el 26.2 por ciento del territorio nacional, chaparrales, mezquitales, la vegetación de humedales como popal y tular, y la de dunas costeras. Todos estos son ecosistemas de gran relevancia debido a la alta diversidad biológica que albergan pero como son característicos de nuestro país, una definición global de bosque no necesariamente los incluye.

De acuerdo con la definición de la FAO, zonas del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, por ejemplo, que han sido arrasadas por talamontes, no son consideradas como deforestación porque tienen el potencial de desarrollar arbolado que cumple con los estándares de la definición de bosques del organismo internacional. Aunque en esta zona se talaron completamente 408 hectáreas entre 2005 y 2007, en el reporte entregado a la FAO se siguen registrando como bosque, y ni siquiera se consideran como bosque degradado.

Es esencial conocer no sólo cuántos bosques tenemos sino el estado en el que se encuentran. Por ejemplo, de acuerdo con las investigaciones de la UNAM, en el año 2002, sólo el 67 por ciento de la superficie cubierta por selvas húmedas estaba constituido por zonas continuas de más de 80 kilómetros cuadrados, la mayor parte de las cuales era vegetación secundaria. Es decir, buena parte de este tipo de vegetación se encontraba en zonas fragmentadas y la mayoría estaba degradada. Más aún, para ese año las selvas húmedas primarias, es decir bien conservadas, ocupaban una superficie equivalente a sólo 15.7 por ciento de su probable extensión original y los terrenos agrícolas y pecuarios en estas zonas habían aumentado hasta alcanzar 10 millones de hectáreas.

Greenpeace hace un llamado urgente al gobierno federal para establecer un sistema de monitoreo confiable y transparente que nos permita entender qué pasa con nuestros bosques y planear una estrategia para detener su pérdida. Para esto, se requiere que la Conafor se ponga de acuerdo con instituciones gubernamentales y académicas, como el INEGI, el Instituto Nacional de Ecología, la Conabio, el Instituto de Geografía y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, entre otras, para desarrollar un sistema que sí nos sea de utilidad.

sábado, 5 de junio de 2010

Medidas contra la deforestación- el enfoque REDD

El reconocimiento de que el proceso de calentamiento global puede causar muy serios daños a los sistemas productivos, a la infraestructura y a la forma de vida de la gente y de los países, ha llamado la atención de los políticos hacia las medidas que se pueden tomar para detener dicho proceso o al menos mitigarlo.

Esto ha sido especialmente claro a partir del 30 de octubre del 2006, que se dió a conocer un estudio hecho por encargo del gobierno del Reino Unido a un equipo coordinado por Nicholas Stern. El llamado Informe Stern sobre la economía del cambio climático (Stern Review on the Economics of Climate Change), estima que para detener el proceso de calentamiento global, se necesitaría invertir el equivalente al 1% del PIB mundial, lo cual parece ser una cantidad muy grande. De no hacerse esa inversión, el riesgo es que los efectos del cambio climático sobre la agricultura, el aumento en los daños por huracanes y otros meteoros, las inundaciones y deslizamientos de tierras, provoquen una enorme recesión mundial en la que podría retrocederse hasta en un 20% en el valor de la producción.

En 2008, la Facultad de Economía de la UNAM, hizo un ejercicio semejante, coordinado por Luis Miguel Galindo, el llamado Informe Galindo "La Economía del Cambio Climático en México", que observa que los costos económicos de los impactos climáticos al 2100 son al menos tres veces superiores que los costos de mitigación de 50% de nuestras emisiones. Dichos costos pueden alcanzar el 6.22% del PIB actual, mientras que mitgar las emisiones costaría entre 0.70% y 2.21% del PIB. Esta cifra concuerda con la estimación del informe Stern, de que se debe invertir cerca del 1% del PIB a detener el calentamiento global. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB de México es de cerca de 1.5 millón de millones de dólares anuales. México debería invertir entonces 15mil millones de dólares anuales; es decir, cerca de 195,000 millones de pesos anuales en evitar el calentamiento global, de los cuales cerca de 19,000 millones anuales deberían ir a acciones para evitar la deforestación y la degradación de bosques y selvas.

Aunque parecen cantidades grandes de dinero, el informe Stern y el informe Galindo, coinciden en que es barato, pues el proceso de cambio climático puede tener consecuencias económicas y sobre el bienestar humano serias, y es mucho menos caro invertir lo que sea necesario para detener dicho proceso que cargar con las consecuencias de dejarlo correr.

Para los que dudaban de si realmente alguien va a venir a cobrar la factura de dejar correr debocadamente el proceso de calentamiento global, las inundaciones por el desbordamiento del Rio Missouri en Junio de 2008, depejaron dichas dudas. Las deudas ambientales se pagan y se pagan de manera brutal.

Es innegable que hay que reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) a la atmósfera. Pero esto significa que hay que mover las fábricas y los medios de transporte con menos consumo de petróleo. Quizás también signifique que hay que reducir el volumen físico de la producción, reduciendo los desprdicios y los residuos y reducir las distancias de transporte de personas, alimentos y materias primas, produciendo más a nivel local. Lograr esto, significa cambiar muchos procesos productivos, cerrar fábricas grandes y abrir fábricas chicas. Habría que reducir la producción en los grandes centros agrícolas mundiales y promover que las áreas agrícolas cercanas a las ciudades se vuelvan más productivas, para abastecer a la población local. Habría también que ubicar a la población evitando las grandes concentraciones, como la de la Ciudad de México, para evitar las des-economías que implica dicha concentración. En pocas palabras, se plantea la necesidad de cambiar sustancialmente la forma en que vivimos, producimos y generamos residuos.

La Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ha venido abordando desde 1992 este problema, para lo cual se han realizado ya 15 Asambleas de los países firmantes (las llamadas convenciones de las partes o COPs). En todas estas reuniones no se ha llegado a decisiones concluyentes ni obligatorias para los países y mientras, el proceso de calentamiento global sigue avanzando. Mucha de la dificultad por lograr acuerdos obligatorios para todos, es la renuencia a cambiar la forma de vivir y de hacer negocios, que muchos encuentran conveniente y cómoda, aunque ponga en riesgo la viabilidad a futuro de los sistemas productivos y de generación de bienestar humano.

En 2005, dentro de la 11a Asamblea o COP en Montreal, se tocó el tema de que -además de transformar los sistemas productivos y de generación de bienestar- se podrían reducir las emisiones de GEI si se detuviera la deforestación en los países tropicales. Se estima que a nivel mundial entre el 12 y el 17% de las emisiones de GEI, provienen de la destrucción y descreme de los bosques y selvas tropicales, así que si esos fenómenos se eliminaran, se reduciría el problema del cambio climático y se ganaría tiempo para llevar a cabo la reconversión de los sistemas productivos y de bienestar.

Esta idea fue bienvenida por muchos, pues representa la posibilidad de canalizar recursos y acciones a detener la deforestación en los trópicos y bajar una parte importante de las emisiones. Si -de acuerdo con el informe Stern- se considera necesario canalizar el 1% del PIB mundial para combatir el cambio climático, y tomamos en cuenta que el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB mundial es de 69.9 millones de millones de dólares internacionales, estaríamos hablando de que es necesario invertir 690mil millones de dólares anuales en el combate al cambio climático y si la destrucción y descreme de los bosques y selvas tropicales significa entre 1/10 y 1/8 de las emisiones mundiales de GEI, sería lógico considerar que se deben invertir entre 69mil y 86mil millones de dólares anuales en evitar la eliminación o descreme de bosques y selvas tropicales.

La propuesta es atractiva, así que en 2007, durante la 13a Asamblea o COP en Bali, se adoptó el concepto de "Reducción de las Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) mediante Reducción de la Deforestación y la Degradación forestal" o REDD, como una medida prometedora para enfrentar el proceso de calentamiento global. No se tomó ningún acuerdo obligatorio de acciones en este tema, pero se invitó a los países a fortalecer y apoyar más los esfuerzos actuales para reducir las emisiones por la deforestación y la degradación forestal de manera voluntaria, y aprender cómo abordar este tema. Se incorporaron los enfoques de políticas e incentivos positivos para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo dentro del proceso del Plan de Acción que resultó de la Asamblea de Bali.

Sin embargo, algunos grupos ambientalistas, como Greenpeace y otros, señalan que se está queriendo abusar el concepto de REDD y hay quienes pretenden que las acciones por reducir la deforestación o la degradación forestal, pueden hacerse "en vez de" y no "además de" las acciones que urgen de reconversión industrial y urbana. Esto significaría distraer a la opinión pública y a los políticos del tema de fondo, que es la reconversión industrial y urbana, implantando programas de REDD en países pobres. Si esto sucediera, se dejarían de canalizar los recursos que se necesitan para realmente reducir el efecto invernadero y el calentamiento global (69mil millones de dólares anuales, según el reporte Stern) y se perdería un tiempo precioso, entreteniendo al público con acciones en la Amazonía, África y el Sudeste asiático, que tendrían un efecto más publicitario que real, si no fueran acompañadas de cambios sustanciales en las estructuras productivas y de asentamientos humanos a nivel mundial.

Por otra parte, la "Asamblea de Jefes para los bosques y el cambio climático" de Accra (Accra Caucus on Forests and Climate Change), una coalición de unas 100 organizaciones de 38 países, dio a conocer un estudio que subraya que los programas REDD podrían poner en riesgo los derechos de las comunidades y pueblos indígenas en el afán de proteger los bosques, que puede provenir más de intereses de la industria contaminante, para evitar hacer los cambios tecnológicos que urgen y menos de las propias comunidades y pueblos indígenas.

El reporte señala que para evitar que los programas REDD les impongan a las comunidades condiciones negativas, deben cumplirse al menos tres condiciones, que son reconocidas a nivel internacional:
  1. Que haya una participación amplia y efectiva de la gente local;
  2. Que se reconozcan los derechos territoriales de los indígenas y se usen sistemas de manejo forestal basados en las comunidades que permitan el uso sostenible de los bosques por parte de las comunidades locales, y
  3. No se debe hacer ningún trato de REDD sin el consentimiento previo, libre e informado de los grupos indígenas, como lo han subrayado las Naciones Unidas.
Además, la Asamble de Jefes hizo ver que los programas REDD, no deberían funcionar simplemente en términos de cambiar el balance de carbono, pues de esa manera, podrían afectarse la diversidad biológica y los derechos de la gente local a usar de manera sostenible los bosques y selvas.

La Asamblea de Jefes concluyó señalando que los programas REDD son una 'espada de doble filo', que si se usa de manera equivocada podría "tener consecuencias ambientales y sociales negativas serias y no servirían de gran cosa en términos de reducir las emisiones de carbono".

Referencias:




jueves, 20 de mayo de 2010

Invitación al Foro sobre la deforestación en México, sus causas y acciones para detenerla

26 de Mayo de 2010, Sala Octavio Gudiño, Edificio de Postgrado (B), segundo piso,
Facultad de Economía de la UNAM

El calentamiento global ha sido identificado como uno de los peligros ambientales más importantes que enfrenta la sociedad moderna. La emisión excesiva de los llamados “gases de efecto de invernadero” (GEI) está haciendo que el clima cambie y la temperatura global alcance niveles peligrosos. La mayor parte de las emisiones de gases de efecto de invernadero provienen de la actividad industrial, del transporte, de la generación de energía y de la deforestación.

Para enfrentar este problema, las agencias de gobierno, las universidades y centros de investigación, así como las organizaciones de la sociedad civil, están buscando medidas que sirvan de manera efectiva para reducir las emisiones de los GEI. Dichas medidas deben permitir que se reduzca el consumo de gasolinas y
derivados del petróleo en la industria, en el transporte y en la generación de energía. También deben permitir que se reduzcan las emisiones que genera la eliminación de la cubierta arbolada.

Para identificar las mejores medidas para detener la deforestación y de esta manera contribuir a detener el calentamiento global, la Facultad de Economía de la UNAM, Greenpeace­México y Estudios Rurales y Asesoría, invitan al Foro sobre la Deforestación en México, sus causas y acciones para detenerla, a realizarse el próximo 26 de Mayo en la Facultad de Economía de la UNAM.

El evento se realizará en la Sala Octavio Gudiño del Edificio de Postgrado (B), segundo piso, de la Facultad de Economía de la UNAM y estará abierto a la comunidad universitaria y a los ciudadanos interesados en el tema.

12 de Mayo de 2010

Por la Facultad de Economía de la UNAM:
Eduardo Vega López, Secretario General

Por Greenpeace México:
Héctor Magallón Larson, Coordinador de la Campaña de Bosques

Por Estudios Rurales y Asesoría:
Francisco Chapela Mendoza, Director Ejecutivo


AGENDA:

09:30 Registro de asistentes

10:00 Presentación: El inventario nacional forestal y el proceso de deforestación en México. Octavio Magaña, Gerencia de Inventario Forestal y Geomática, CONAFOR.

10:45 Presentación: Aspectos metodológicos y tendencias del proceso de deforestación en México. Irma Trejo, Instituto de Geografía, UNAM

11:30 Receso

12:00 Presentación: El proceso de deforestación en México. Francisco Chapela, Director Ejecutivo, ERA

12:30 Presentación: Impacto de los programas federales relacionados con el sector forestal mexicano. Eduardo Vega, Secretario General, Facultad de Economía, UNAM

13:30 Receso

15:00 Mesas de trabajo: el proceso de deforestación en México y medidas propuestas para detenerla. Francisco Chapela, Director Ejecutivo, ERA

16:00 Presentación de conclusiones de las mesas

16:30 Finalización del taller: conclusiones generales y pasos a seguir

martes, 18 de mayo de 2010

Sobre Economía Ecológica y contabilidad ambiental

Monday, May 17, 2010 1:05 PM
From: "Abe"

Algo sobre Economía Ecológica y contabilidad ambiental, de Guillermo Foladori, Economista e investigador mexicano, aporta interesantes cifras sobre la contabilidad ambiental y diferencía de manera clara el modelo de Economía verde que se maneja oficialmente y que incluso es promovido por el PNUMA ante la Economía Ecológica que asume la economía como parte de un sistema abierto y que depende de la naturaleza, energia etc, y no solo del valor en terminos de capital. El primero es el capitulo siete del libro "¿Sustentabilidad?, Desacuerdos sobre el Desarrollo Sustentable" -publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas y el segundo un artículo en Co- autoria con Patricia Rivera, también publicado por la UAZ,

Saludos